Oaxaca. “En la actualidad la sociedad demanda que las autoridades ejecuten las detenciones siguiendo los procedimientos de manera transparente y pública, por lo tanto, para evitar que una detención sea clasificada como arbitraria, esta debe ser apropiada, predecible, proporcionada, necesaria y sobre todo, basada en la justicia”, expuso la diputada del PRI, Maritza Scarlett Vásquez Guerra.
En la máxima tribuna de Oaxaca durante la sesión de ayer miércoles, la legisladora presentó una iniciativa por la que se adiciona un último párrafo, a la fracción III, del artículo 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Con lo anterior, se busca que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al estado y ejecuten detenciones arbitrarias, deberán ser sancionados conforme a la ley, y la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por dichos servidores públicos será responsabilidad del estado.
Maritza Scarlett dejó en claro que, un estado constitucional y democrático debe ser garante de la protección de los derechos humanos, por lo que, tiene la responsabilidad y la obligación de responder frente a las víctimas por violaciones causadas por la acción u omisión de sus servidores públicos, de manera concreta de los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, mediante la reparación integral del daño y la garantía de no repetición de los hechos.
Finalmente, aclaró que cuando se dicte prisión preventiva o mantengan en prisión preventiva, de manera injustificada a una persona, en este caso se podrá también exigir el pago de la indemnización.