San Raymundo Jalpan, Oax. Con el objetivo de garantizar un debido marco de protección de las mujeres defensoras de derechos humanos, que día a día luchan por que las leyes estatales y generales sean una realidad, la diputada local Lizett Arroyo Rodriguez presentó en Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 6, 24, 24 bis, 25 bis de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta propuesta busca dar cumplimiento al Objetivo 5 de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y la Recomendación General número 25 de la CEDAW, donde se propone esta medida afirmativa, que busca acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujeres defensoras y activistas en el ámbito político, económico, social, cultural, jurídico y civil libre de violencia de género.
“De acuerdo a la base los datos del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y periodistas en México, que establece que de 2012 a 2022, se tiene documentado un total de 1112 medidas de protección activas a favor de personas Defensoras en el país, de las cuales 549 se otorgaron a favor de Mujeres defensoras, siendo el Estado de Oaxaca el que ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más Defensoras mujeres incorporadas al mecanismo, tan solo por debajo de la Ciudad de México”, lamentó Liz Arroyo.
En ese sentido, la diputada destacó que ante estas cifras que son por demás alarmantes, vale la pena decir que están un poco lejos de mostrar la cruda realidad de lo que viven las mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos, toda vez que el mecanismo federal de protección tiene una acción limitada, en la que no considera la labor del acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género.
“En los diversos contextos de la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia de Género, no existe ni a nivel nacional ni estatal un debido marco de protección de las mujeres que día a día luchan por que estas leyes estatales y generales sean una realidad”, enfatizó.
El Proyecto de Decreto busca que las activistas, defensoras de derechos humanos o personal de alguna dependencia que brinde acompañamiento a alguna mujer en situación de violencia, cuenten con legitimación para solicitar para sí mismas órdenes de protección, cuando derivado del ejercicio como defensoras de derechos humanos de las mujeres, de asesoras jurídicas, promotoras comunitarias, como titulares de las instancias o instituto municipales de las mujeres, y en general cuando acompañen a mujeres en situación de violencia de género, esté en riesgo su integridad física y psicológica, así como su vida, se les garantice el derecho de promover y procurar la protección de los derechos humanos y las libertades a los que tienen derecho.
Es por ello, que buscamos de esta manera establecer garantías a la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos de las mujeres, y por ello resulta necesario reconocer la magnitud de la problemática y contexto de violencia de género que existe hacia las defensoras de derechos humanos de las mujeres, concluyó Lizett Arroyo.