El reloj electoral y la alerta de la magistrada Erika Rodríguez
Debido al riesgo de politización al coincidir con otros cargos
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Erika Rodríguez, se pronuncia a favor de analizar el aplazamiento de la elección judicial de 2027, debido al riesgo de politización al coincidir con otros cargos. #CuálEsLaHistoria
Aplazar la elección judicial sería más prudente que empalmarla. A veces la prudencia es más revolucionaria que la prisa.
La elección judicial de 2025 dejó una lección incómoda: no basta con reformar la Constitución para que la democracia funcione sin fricciones. Participación cercana al 13%, boletas complejas, electores confundidos y un Instituto Nacional Electoral operando con poco más de la mitad del presupuesto solicitado. El experimento ocurrió, pero no salió terso.
La segunda fase está prevista para 2027. Y ahí está el problema.
Ese año coincidirían elecciones federales intermedias, 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y la renovación restante de magistraturas y juzgados. Todo en una sola jornada. Todo al mismo tiempo. Todo bajo una tensión política mayor. Desde esta tribuna, la conclusión es sencilla: aplazar la elección judicial sería más prudente que empalmarla.
No por debilidad. No por retroceso. Por orden.
La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a mover la elección judicial a 2028. Después de haber defendido la reforma como un cambio estructural irreversible, ahora reconoce que la operación no es tan simple como parecía en el papel. Y esa admisión —que no es menor— le da visos de cordura política.
Porque una cosa es sostener una reforma como principio y otra es administrar sus tiempos como realidad.
En un país con capacidades institucionales limitadas y una cultura electoral saturada, mezclar elecciones partidistas con elecciones judiciales puede generar más ruido que legitimidad. La justicia no puede convertirse en un apéndice de la campaña permanente.
Y es aquí donde entra Oaxaca.
A finales de la semana pasada, durante la sesión de trabajo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Erika Rodríguez, se pronunció con claridad a favor de analizar el aplazamiento de la elección judicial de 2027 en su estado.
No fue una declaración aislada ni improvisada. Fue una postura institucional en un foro nacional de poderes judiciales. Rodríguez advirtió que empatar la elección judicial con la renovación de presidencias municipales y diputaciones podría generar confusión en el electorado, sobrecarga operativa y, sobre todo, riesgo de politización.
Y ahí está el corazón del debate.
La independencia judicial no se decreta; se construye. Ha costado décadas levantarla frente a presiones partidistas y pactos de coyuntura.
Convertir a jueces y magistrados en figuras electorales en medio de campañas para gubernaturas y congresos puede tensionar esa independencia antes de que el nuevo modelo madure.
La magistrada fue más allá. En la misma sesión de CONATRIB, donde se presentó el Anteproyecto de Ley Orgánica Modelo para los Poderes Judiciales Locales, impulsado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, Rodríguez participó activamente en el análisis y propuso un pronunciamiento conjunto.
La propuesta no se limita a homologar normas. Plantea establecer reglas claras sobre competencias, carrera judicial, profesionalización, rendición de cuentas y nuevas figuras jurisdiccionales, adaptando el marco común a las realidades regionales.
En otras palabras: antes de multiplicar procesos electorales, consolidemos estructuras.
Rodríguez enfatizó que impartir justicia exige visión de Estado y coordinación. Definió a los poderes judiciales como “una red viva de instituciones que aprenden y enfrentan juntas los retos del país”. La frase puede parecer protocolaria, pero encierra un punto técnico: la reforma judicial no es un evento, es un proceso.
Oaxaca enfrenta, además, su propia complejidad electoral y social. Empatar todo en 2027 implicaría que el mismo aparato administrativo atienda simultáneamente elecciones políticas y judiciales de alto impacto.
¿Puede hacerse? Sí.
¿Debe hacerse así? Esa es otra pregunta.
Aplazar no significa cancelar la reforma. Significa reconocer que la legitimidad no solo se obtiene en las urnas, sino en la claridad del procedimiento.
Después de una primera elección con participación baja y señales de saturación operativa, insistir en una mega jornada electoral podría traducirse en desgaste institucional.
La prudencia no suele generar titulares épicos. Pero evita errores estructurales.
Si la reforma judicial pretende fortalecer al Poder Judicial y no someterlo al vaivén partidista, el calendario importa tanto como el contenido.
Y en este momento, separar procesos parece más una medida de responsabilidad que una concesión política.
A veces gobernar —y juzgar— también implica saber cuándo detener el reloj.
@Sandra_Romandia
Fuente: https://emeequis.com/analisis/el-reloj-electoral-y-la-alerta-de-la-magistrada-erika-rodriguez/