Un día después de que el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez fuera asesinado el pasado 17 de enero, su colega de profesión, Lourdes Maldonado, le dedicó íntegramente su programa de radio y televisión como homenaje.
«Para todos nosotros ha sido un shock (…). En el microsegundo que él abrió la puerta (de su auto) y se agachó para dejar su material, pum, le dieron el balazo en la cabeza. Si eso no es planeado y no es cazado, no sé cómo lo llamarían ustedes (…). Todos estamos exigiendo que no se quede impune su asesinato», afirmó tajante en vivo.
Solo cinco días después de pronunciar estas palabras, a pocos kilómetros, Maldonado fue también asesinada en la misma ciudad, Tijuana, en el norte del país considerado el más mortífero para ejercer el periodismo.
Maldonado era consciente del riesgo que corría. «Temo por mi vida», le llegó a decir cara a cara al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa hace tres años.
La comunicadora ganó la semana pasada un conflicto laboral que mantenía desde hace años contra una televisora local para la que había trabajado, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, quien este lunes negó cualquier tipo de relación con el homicidio.
Según compañeros y organizaciones del gremio, Maldonado estaba inscrita en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, sin embargo, no sirvió para evitar su muerte.
«No es responsable adelantar ningún juicio», expuso este lunes López Obrador, si bien aseguró que su compromiso es «que no haya impunidad, que se encuentre a los responsables».
«Un ejemplo» para periodistas de Baja California
Lourdes Maldonado contaba con una amplia trayectoria profesional en diferentes medios, cubriendo especialmente temas de política y corrupción en el estado de Baja California.
Trabajó en Televisa, Primer Sistema de Noticias (PSN) y el semanario Séptimo Día, entre otros medios.
Desde hace algunos meses, presentaba el programa «Brebaje» en la emisora de radio Sintoniza sin Fronteras y en streaming de video a través de internet, donde se la identificaba como «ícono de la comunicación en Baja California».
En efecto, tras conocerse su muerte este domingo al ser disparada en el interior de su vehículo frente a su casa, en una zona repleta de viviendas, muchos colegas lamentaron su muerte y la reconocieron en redes sociales como «mentora» de muchos profesionales.
«Lulú rompió en Baja California con un estilo de periodismo que entonces estaba totalmente sometido al poder y corrompido. En las universidades nos la ponían de ejemplo por su estilo con el que nunca se calló», le dice a BBC Mundo Laura Sánchez Ley, periodista originaria de Tijuana.
«Era una mujer guerrera, y más en una época en la que las periodistas eran relegadas a cubrir espectáculos y sociales en un estado totalmente machista. Ella se había convertido en una voz de la gente, abriendo el micrófono para gente de la periferia, los migrantes… Fue un ejemplo para todos nosotros».
Maldonado, quien formaba parte del Club Primera Plana, que reconoce la labor de compañeros periodistas, había propuesto que se creara un concurso en conmemoración de Margarito Martínez durante una vigilia celebrada este fin de semana en Tijuana para exigir justicia para el fotoperiodista, según informó el semanario Zeta.
La Red de Periodistas de Mexicali exigió a la Fiscalía estatal que no descarte ninguna línea de investigación.
«Principalmente las amenazas a su persona y atentado a su vehículo (…), cuyos hechos denunció que eran por su ejercicio periodístico y por una demanda laboral contra una empresa en la que había trabajado como reportera y conductora», expuso en un comunicado.
Pidió ayuda al presidente
La empresa a la que se refiere la organización es PSN, un canal de televisión local propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, dirigente del partido de López Obrador (Morena).
Durante casi una década, Maldonado había mantenido un litigio por despido injustificado y adeudos de nómina pendientes contra la empresa para la que trabajó por seis años. Fue este conflicto el que le llevó a pedir ayuda al presidente López Obrador en 2019.
«Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida», le dijo en una de las mañaneras.
«Se trata (Bonilla) de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos (…). Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana con este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente», agregó.
Tras escucharla, López Obrador pidió públicamente al coordinador de Comunicación Social que atendiera y apoyara a Maldonado «para que haga justicia, que no haya influyentismo y que se actúe en el marco de la ley».
Sin embargo, Maldonado denunció seguir recibiendo amenazas y el año pasado accedió al Mecanismo de Protección a Periodistas de Baja California que, según la Red de Periodistas de Mexicali, consistía en «rondines de la Policía Municipal de Tijuana».
«Ese mecanismo definitivamente ha sido un fracaso, debe ser revisado porque no protege la vida de los periodistas», critica la periodista Sánchez Ley, quien hace años tuvo que abandonar Tijuana tras sufrir una agresión y sentir que estaba poniendo en riesgo a su familia por su trabajo.
La fronteriza Baja California es ruta del narcotráfico, agenda habitual de los periodistas locales que se vuelven objetivo de los narcos y de autoridades corruptas.
«Tú quieres hacer periodismo en Tijuana, pero denunciabas al narcopolítico y el domingo estaba en la mesa de al lado de donde estabas desayunando con tu familia. Es una situación muy difícil y compleja», asegura Sánchez Ley.
«Todo el mundo está coludido, todo el mundo se conoce. No puedes hacer periodismo libre y llega un momento en el que sabes que tienes que callarte o te tienes que ir para seguir haciéndolo», denuncia con impotencia.
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, llamó por su parte este lunes a las autoridades mexicanas «a reforzar la protección de los periodistas y en particular a tomar más medidas para prevenir nuevos ataques contra ellos».
Este lunes, el exgobernador Bonilla rechazó tener cualquier relación con el homicidio y aseguró estar dispuesto a declarar si es citado en el marco de la investigación.
«Nosotros somos gente de paz (…). Nunca hubo una amenaza, ni siquiera una discusión con ella (…). Lamento mucho lo que le pasó, pero somos ajenos a cualquier situación que le pasó», dijo en entrevista con el medio Grupo Fórmula en la que envió sus condolencias a los familiares.
También reconoció la victoria judicial de Maldonado por valor de 500.000 pesos (US$24.250). «Esos trámites estaban en conciliación. Nosotros estamos tranquilos y esperando a que la Fiscalía resuelva este asunto», agregó.
Por su parte, el presidente López Obrador pidió «no adelantar ningún juicio» hasta que avance una investigación «a fondo» que evite que el caso quede impune.
«Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad (…). No se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen», dijo este lunes.