Un comando armado irrumpió la tarde de este miércoles en un centro de rehabilitación del municipio de Irapuato, en el Estado de Guanajuato, para abrir fuego en contra de un grupo de hombres. Las autoridades municipales han informado de un saldo de 24 víctimas y siete heridos tras el ataque. Este es el más reciente episodio de violencia en un Estado que se ha convertido en un polvorín y un verdadero reto para las autoridades locales y la política de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los sicarios llegaron al lugar ubicado en la colonia Arandas y obligaron a los hombres a tirarse al suelo. Después dispararon contra ellos con armas largas, ha explicado el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Pedro Alberto Cortés Zavala. El funcionario ha dicho a la prensa que el lugar, llamado Recuperando mi vida, no operaba con ningún tipo de permiso como centro de rehabilitación. Por esto se le considera un centro de reclutamiento de los grupos criminales que operan en la región. Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, ha condenado los hechos y ha dicho que “la violencia generada por la delincuencia organizada” priva la vida de los más jóvenes y roba la paz de las familias de la entidad.
Las brutales imágenes difundidas en las redes sociales muestran un deprimente lugar a las afueras del municipio de Irapuato en las que se ve una montaña de cuerpos ensangrentados tirados en el suelo. Los anexos, como se les llama a los centros de rehabilitación, han sido escenarios de disputas entre grupos rivales de la delincuencia organizada durante los años más oscuros de la guerra contra el narcotráfico. Son sitios elegidos por sicarios para eliminar a rivales de bandas contrarias, quienes están desarmados. Este tipo de matanzas han ocurrido en Estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.
En los últimos días, Guanajuato ha sido escenario de nuevos actos de violencia que hacen de este Estado, en el centro del país, uno de los más violentos de México debido a las luchas internas dentro del cartel Santa Rosa de Lima, una organización que comenzó robando combustible y diversificó sus operaciones criminales, y el acoso de la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad creado por López Obrador.
El domingo fue asesinado en Irapuato el abogado que defendió a la familia de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del cartel local, quien se ha convertido en uno de los delincuentes más buscados del país. La fiscalía de Guanajuato asegura que el automóvil de los abogados de la madre del capo fue perseguido por sujetos que le disparaban mientras circulaba por la carretera que une Irapuato con la ciudad de León. La madre de El Marro, identificada como María Eva N. había sido liberada ese día junto a otras cuatro personas después de que no se encontraran evidencias para vincularla a ningún proceso. Estas cinco personas estuvieron entre los últimos liberados después de que un gran operativo del Gobierno contra el cartel terminara en un fiasco viendo a los 31 detenidos recuperar su libertad por falta de pruebas. El delincuente prometió venganza tras estas detenciones.
Este jueves, en su conferencia mañanera, López Obrador ha atribuido la masacre a una confrontación entre bandas: “Son agresiones entre ellos en la mayoría de las casos. Creció mucho el problema, lo dejaron crecer, hay que ver si no hay contubernio”. Así el presidente ha aconsejado al gobernador de Guanajuato que revise a quienes imparten justicia en el Estado y compruebe si no existe una “asociación delictuosa entre la delincuencia y la autoridad”.
Además ha reconocido que ayer fueron asesinadas 95 personas en todo el país. Justo un día antes, el mandatario mantuvo que durante su gestión, el asesinato, secuestro, robo o asalto en el transporte público, han mejorado sus índices respecto a los entregados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y roto la tendencia histórica de su crecimiento”, dijo tras presentar el informe del segundo aniversario de su triunfo en las urnas, en julio de 2018, en el que pasó someramente por encima del tema de la violencia.
La ejecución masiva de Irapuato, una de las más sangrientas desde la llegada de López Obrador al poder, pone de nuevo la mirada sobre Guanajuato y sobre el papel de este tipo de centros.