Jorge E. Franco Jiménez.
El proceso en la parte de postulación para selección de aspirantes a candidatos de la diversas tendencias políticas que lucharán por alcanzar la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado el año próximo ha arrancado, evento que refresca, no con el resultado deseado, la esperanza sexenal del pueblo de Oaxaca por reducir los índices de corrupción, opacidad, pobreza, precarios servicios de salud, falta medicamentos y profesionales del ramo; seguridad pública, obras de beneficio colectivo, empleos, de un impulso prioritario de empresas y empresarios Oaxaqueños que tengan como objetivo abatir, en serio, la industria del chantaje y la distribución de parcelas políticas y de recursos que ahora son motivo de preocupación para el gobierno saliente y de liderazgos oportunistas.
La renovación periódica del titular del poder ejecutivo, no debe sustentarse únicamente en compromisos notariales o promesas de campaña, sino en el imperativo de convertir lo propuesto en ley, mediante el programa sexenal que fije, de manera obligatoria y objetiva, las etapas de las actividades e inversiones que llevará a cabo la gobernadora o gobernador ganador, distribuidas en los seis años en que ejercerá sus funciones, mismo que será exigible de acuerdo a sus facultades y responsabilidad pública, imprimiéndole certeza jurídica a sus atribuciones como instrumento que muestre a la ciudadanía que su voto no ha sido inútil; en paralelo, proponer un equipo de colaboradores identificados con Oaxaca y sus necesidades.
Los planes sexenales, como actividades, que debe llevar a cabo el gobernante en turno, la comunidad los olvida ante la vaguedad e imprecisiones de su contenido generalizado que si bien esta previsto como tal en el orden jurídico de Oaxaca, su contenido se torna no exigible por el ciudadano, al ser este poco transparente y preciso lo que va a hacer, los tiempos calculados para cada actividad y las previsiones presupuestales ajustadas anualmente.
Estimo que como habitantes del Estado nos hemos ocupado poco de un tema esencial para elegir a una gobernadora u gobernador, la Constitución del Estado. Este documento señala que, El Poder Público y sus Representantes sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer, lo que la Ley les ordena, lo que conlleva el derecho de la ciudadanía de exigir, mediante los instrumentos legales que tenemos, que el gobernante haga lo que la ley le faculta y manda y no lo que tiene prohibido; para ello es necesario que se conozca que esta facultado para hacer el gobernador y lo que está obligado a llevar a cabo.
Es largo el listado de las atribuciones que tiene a cargo el Poder Ejecutivo (gobernadora o gobernador), pero basta saber que si queremos ser minuciosos leamos lo que la Constitución dispone como tal en los artículos 79, 80 y 81 que comprenden sus facultades, obligaciones y prohibiciones; el primero fija los límites de lo se encuentra en el ámbito de sus facultades, el segundo, sus obligaciones, es decir lo que debe necesariamente cumplir y, el tercero, lo que no debe hacer, congruente con principio de solo puede moverse, salvo excepciones específicas, en ese campo de atribuciones.
El Plan sexenal debe referirse necesariamente a ese conjunto de facultades, obligaciones y prohibiciones en su propuesta de gobierno que pueden llevar consigo, en ejercicio de su facultad de presentar iniciativas de ley, reformas de orden constitucional local y legal que, discutidas por el órgano legislativo adecuen la evolución de las condiciones económicas, sociales y políticas de la relación pueblo y gobierno. De ahí que el Pan de Gobierno que presente como resumen de su propuesta se convierta en norma que se inserte en ese conjunto de facultades, obligaciones y prohibiciones que nos permita darle certeza a la ciudadanía para exigir su cumplimiento en tiempo, de manera transparente a ese conjunto de atribuciones (quehacer) que tiene asignados y no ocultarlos, con pretextos escudados en motivos públicos que forma de ocultar sobre todo el manejo de los dineros de todos los Oaxaqueños.
Demandamos de una oaxaqueña u oaxaqueño que se hermane con la visión de servicio sustentado en el respeto a los Derechos Humanos, la Constitución del Estado de Oaxaca y la Ley, que se imponga hacerlo con honestidad, afán de servicio y desarrollo real y efectivo no ejercer el cargo como escalón para ascender políticamente en lo personal y de las burbujas habituales que se reproducen sistemáticamente para disponer de los fondos públicos en su beneficio, necesitamos que, por lo menos, la burbuja sea de oaxaqueños comprometidos.
Oaxaca precisa una gobernadora o gobernador, que sustente su ejercicio por seis años, sin restricción de actividades y recortes presupuestales de última hora, que resaltan que ese conjunto de atribuciones a cargo del ejecutivo se recorte sin sustento jurídico en la última etapa de gobierno, con una grave afectación del ejercicio de atribuciones y consecuencias económicas, como el desempleo y disminución de servicios.
Citó como una obligación del gobernador, quizás desconocida para muchos de nosotros, cito la que consiste en presentar a la Legislatura, al terminar su periodo constitucional, una memoria sobre el estado que guarden los asuntos públicos, expresando cuáles sean las deficiencias que note en la administración y cuáles las medidas que en su concepto deben aplicarse para subsanarlas; que si bien debe estar en los cajones y archivo de los diputados, el pueblo no conoce los extremos del informe del saliente, en sus aspectos negativos que el ejecutivo está obligado a mencionar, solo de difunden sus logros se publican, lo que implica obscuridad e incertidumbre.
Una petición a la pretendientes o pretendiente a gobernar es que se pronuncien sobre la necesidad de dar certeza al ciudadano sobre lo que ahora ya se empieza a vislumbrar en otros estados democráticos como el Derecho Humano a una Eficiente Administración Pública que nos permita acceder a exigir su cumplimiento cabal, como ahora se hace mediante el juicio de amparo para proteger, tutelar y garantizar el derecho a la salud de los menores.
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