San Raymundo Jalpan, Oax.- La LXIV Legislatura Local realizó una reforma Constitucional para garantizar el derecho de las personas a ser indemnizadas por los daños y perjuicios ocasionados por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO).
Mediante la adición al último párrafo de la Fracción III del Artículo 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se instauró que la prisión preventiva injustificada, resultado del actuar judicial, merecerá la reparación del daño correspondiente.
La nueva redacción señala textualmente que, será responsabilidad del Estado, los daños y perjuicios ocasionados por los funcionarios públicos del Poder Judicial, que dicten prisión preventiva o se mantenga en prisión preventiva de manera injustificada a una persona, quien en este caso podrá exigir el pago de indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
De esta manera, el Poder Legislativo pugna porque la ciudadanía goce de los derechos que establece la Constitución; así como de proteger los que se reserve el pueblo de Oaxaca mediante el juicio de protección de los derechos humanos.
La modificación constitucional avalada por el Pleno Parlamentario fue impulsada por la diputada Maritza Escarlet Vásquez Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y dictaminada por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.