Ciudad de México.- A casi tres meses que comenzó la epidemia de COVID-19 en China y a casi un mes de que se confirmó el primer caso en México, el país entrará este lunes en una etapa de acciones definitorias para la expansión del coronavirus.
Las autoridades implementaron la Jornada de Sana Distancia, que abarcará del 23 de marzo al 20 de abril, en la cual se suspenderán varias actividades económicas, sociales y recreativas con el objetivo de frenar la propagación del virus que a la fecha ha cobrado casi 13,000 muertes en el mundo.
En México se han confirmado 316 casos y se tienen en la mira a 794 sospechosos . Se reportan dos muertes de pacientes con COVID-19 y según estimaciones los enfermos de gravedad podrían superar los 10,500.
Ante esas cifras, el gobierno federal y, principalmente, el sector Salud tienen la misión de minimizar los efectos, que como se ha visto en países como Italia o España, pueden ser devastadores.
Entre los principales retos, además de contener los contagios comunitarios, está contar con el mayor número de recursos para saber cómo y cuándo actuar, por eso más de 200 científicos solicitaron a las autoridades hacer más pruebas de detección –hasta el momento se han distribuido 9,100 y se han realizado alrededor de 1,000– porque consideran que ésta es un método para encontrar casos—, tal como lo hizo Corea.
Las pruebas, ha explicado el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, se han hecho selectivamente a pacientes que cumplen con los requisitos para ser posibles portadores, que viajaron al extranjero, presentaron los síntomas, etc.
Además de las pruebas, se ha criticado que México sostuvo demasiado tiempo una estrategia de prevención, como el lavado de manos y no saludar de mano y beso, cuando la situación en otros países había evidenciado que el aislamiento era una solución más efectiva.
Incluso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con sus actividades normales y saludando a funcionarios y a población en general sin las debidas precauciones anunciadas por la propia Secretaría de Salud, desde el 22 de enero que se dio la primera conferencia sobre el tema y se dijo que se conformaría un equipo para atender la epidemia .
Conforme pasaron los días y los casos fueron aumentando, también crecieron las dudas sobre si México estaba preparado para atender la situación.
La pandemia llega en medio de la transición a un nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y quejas por falta infraestructura y medicamentos. México tiene en promedio 1.4 camas por cada 1,000 habitantes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y una tasa de 2.4 médicos y 2.9 enfermeros y enfermeras, cifras por debajo del promedio que es de 3.5 y 8.8, respectivamente.
En ese contexto, la Secretaría de Salud informó que tiene más de 125,000 camas para atender a pacientes y 4,000 de cuidados intensivos, mientras que sus estimaciones prevén que 10,000 enfermen de gravedad, por lo que habría un déficit de 6,000 camas . Para estos pacientes, la Secretaría de Salud afirma tener 2,053 ventiladores, sin considerar los equipos con los que cuentan los hospitales privados, ni el IMSS o el ISSSTE.
No obstante, se debe considerar que los hospitales no solo atienden a pacientes con COVID-19 sino que tienen un gran número de enfermos con diferentes padecimientos, incluso muchos con diabetes, que es una de las causas que hace más vulnerables a las personas ante el virus. México tiene alrededor de 249 casos por cada 100,000 personas de ingresos hospitalarios elevados por esta enfermedad, cuando el promedio de la OCDE es de 129.
Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que el Ejército y la Marina serán los responsables de 10 hospitales que se destinarán para la atención de la epidemia de COVID-19, en caso de que se requiera que entre el Plan DN-III.
La declaratoria de “enfermedad grave de atención prioritaria” para el COVID-19 por parte del Consejo Nacional de Salubridad se dio hasta el pasado jueves 19 de marzo, justo cuando se confirmó la segunda muerte en el país y una semana después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considerara una pandemia.
Las principales razones por las que no se ha declarado una emergencia y anunciado medidas más drásticas es por las afectaciones económicas que estas acciones pueden tener, principalmente en la población de menores ingresos o informales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y López-Gatell advierten que son medidas que “desgastan” y han preferido sostener la idea de que aún estamos en la fase uno, aunque algunos expertos han referido que la fotografía actual, puede ser la de hace 10 días, debido a la velocidad con la que se propagaron los casos en otros países.
Incluso un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, señala que para el 18 de marzo ya había al menos 14 casos de pacientes con transmisión comunitaria, cuando las cifras oficiales no daban cuenta de ninguno.
A lo que sí han hecho caso las autoridades, es a las previsiones basadas en la situación de China, y por eso endurecieron las medidas a partir de hoy y por lo menos hasta el 20 de abril, cuando se estima que se dará el mayor número de contagios comunitarios y posiblemente se alcance la fase tres, que es una epidemia.
El subsecretario estimó que la epidemia durará aproximadamente 12 semanas, es decir hasta por mayo, si las cosas no se complican.