Tlalixtac de Cabrera, Oax. 8 de julio de 2023. Para lograr una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones que realiza el Gobierno del Estado en la aplicación del gasto público y la ejecución de los programas a través de las entidades y dependencias, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública en coordinación con las secretarías de Finanzas y de Administración llevan a cabo la capacitación a 92 instituciones gubernamentales ejecutoras de recursos públicos denominada Cumplimiento Normativo en la ejecución del gasto.
Esta jornada que concluirá el 14 de julio, está dirigida a titulares de las áreas jurídicas, administrativas, de recursos financieros, humanos y materiales con el objetivo de fortalecer la prevención e incentivar la transparencia y la rendición de cuentas desde la administración pública estatal.
A través de la instrucción en los temas: Estados Financieros, Nómina y Programas de Servicios Adicionales, Funciones del Comité de Obra, Funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, Obligaciones de Transparencia, Sistema de Control Interno y Sanciones por parte de directivos de la Secretaría de Honestidad, las personas asistentes conocerán la normatividad que deben cumplir las entidades y dependencias en el ejercicio de sus funciones y prevenir actos que puedan derivar en responsabilidades administrativas.
De igual manera, a través de la exposición de la normatividad relacionada con el debido funcionamiento de los Órganos de Gobierno, a cargo de la directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas Celia Aspiroz y del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca por parte de la encargada de la Secretaría Técnica del mismo y perteneciente a la Secretaría de Administración, Griselda Bautista Díaz, se pretende fortalecer la figura de estos órganos en la vigilancia de la aplicación honesta y transparente del gasto público.
Con estas acciones, la administración del Gobernador Salomón Jara Cruz reduce los riesgos de corrupción, promueve el desarrollo organizacional y la rendición de cuentas del funcionariado por la misión y objetivos encargados, así como del uso de los bienes y recursos asignados.