El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que transparente los ingresos y bienes del periodista Carlos Loret de Mola, quien junto a Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), revelaron posibles conflictos de interés entre José Ramón López Beltrán, la empresa Baker Hughes y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El mandatario y el periodista han intercambiado desde hace unas semanas diversos señalamientos que terminaron el viernes pasado con la difusión de información por parte de López Obrador en la que se estableció que el informador percibiría ingresos por al menos 35 millones de pesos anuales.
Al leer la carta que envío a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Ibarra, el jefe del Ejecutivo federal señaló que esta petición no debe interpretarse como la dimisión de un asunto personal, sino como forma de transparentar los recursos que reciben algunos periodistas que están vinculados con el poder político.
“Envié esta carta y no es un asunto personal, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas, la mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría.
“Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtienen muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque, sin escrúpulos morales se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios que los jefes sienten que les afectan porque les quitan privilegios”, expuso el presidente de la República.
El mandatario federal expone que sus opositores están utilizando al comunicador y a otros periodistas para difamarlo con el afán de afectar su proyecto político de nación a través de investigaciones periodísticas.
Aunque dijo que en México está garantizada la libertad de expresión y el derecho de la oposición a disentir, destacó que no es honesto utilizar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción, para tratar de sabotear los programas sociales de su gobierno.
“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, señaló el tabasqueño en la misiva.
Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presente.
Como es de dominio público, el viernes pasado día conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de atención ciudadana de la presidencia, en la cual se fundamenta el periodista Carlos Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos.
Como seguramente desde el conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causada por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista.
Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento.
En una democracia es legal y legítimo que exista oposición y la libre expresión deben ser garantizados. Sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores.
México no debe ser país de unos cuantos ni debemos presenciar impasible los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías.
En consecuencia, como ciudadano y presidente de la República les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares.
Esta información seguramente la podrán obtener en el registro público de la propiedad y comercio, en el servicio de administración tributaria o la unidad de inteligencia financiera.
También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos.
Caso que nos ocupa y permite apreciar de forma especialmente nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira, entre la crítica ciudadana y el libelo como instrumento de intereses político empresariales furtivos he inconfesables. No es pues un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México en beneficio de todos, mediante la verdad, la transparencia y la abolición de los privilegios.
Si el 2020, el primer año de la pandemia de Covid-19 en el país, fue un mal año para el Metro de la Ciudad de México, 2021 fue peor.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró una caída de 5.12% en sus ingresos provenientes de la venta de servicios (tarifa) durante 2021 comparado con lo registrado en 2020, año en el que el confinamiento social por la pandemia provocó una caída abrupta en pasajeros.
En 2021, el Metro reportó 3,779.4 millones de pesos como ingresos por venta de servicios. En 2020 ese monto fue de 3,983.2 millones de pesos. Detrás de la caída están causas como el incendio en el Puesto Central de Control que sacó de operación temporal a las líneas 1 a 6, y el accidente en la Línea 12, que hasta la fecha sigue fuera de servicio.
La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México explica que “la venta de servicios (del Metro) se vio afectada por la disminución de la demanda por parte de los usuarios a causa de la contingencia sanitaria por la enfermedad Covid-19”, se lee en el Informe de Avance Trimestral enero-diciembre, enviado por la dependencia al Congreso de la capital.
“Adicionalmente, por la limitación de la operación del servicio de transportación de pasajeros ocasionada por el siniestro ocurrido el 9 de enero en la Subestación (Eléctrica) que derivó en la suspensión del servicio de las Líneas 1 a 6 durante diversos días de enero y en los primeros días de febrero, y por el cierre de la Línea 12 debido al accidente ocurrido el día 3 de mayo entre las estaciones Olivos y Tezonco”, agrega el documento.
En 2020, la SAF explicó que “la variación negativa obedeció a la disminución en la operación del servicio a causa de la contingencia sanitaria que conllevó al cierre de 185 taquillas, así como por la condonación de pagos de los locales, espacios y módulos comerciales que suspendieron actividades. Adicionalmente el 19 de diciembre, la ciudad volvió a semáforo rojo de riesgo epidemiológico, lo que implicó una nueva reducción en la demanda del servicio”.
No obstante, los ingresos del Metro por venta de servicios, es decir, compraventa de boletos magnéticos y tarjetas, así como la recarga de éstas, ya venían con una ligera tendencia a la baja. En los últimos cinco años los ingresos por este concepto cayeron 44.49%, al pasar de 6,808.5 millones de pesos en 2017 (año que mayor cantidad de ingresos por esto concepto ha reportado al STC) a 3,779.4 millones en 2021.
Ingresos por venta de servicios del Metro:
- 2021: 3,779.4 millones de pesos (Accidente en el Puesto de Control y Línea 12)
- 2020: 3,983.2 millones de pesos (Confinamiento social por pandemia de Covid-19)
- 2019: 6,344.8 millones de pesos
- 2018: 6,794.0 millones de pesos
- 2017: 6,808.5 millones de pesos (Servicio gratuito del 19 al 27 de septiembre por el sismo)
- 2016: 7,031.6 millones de pesos
- 2015: 6,802.1 millones de pesos (En noviembre abrió Línea 12)
- 2014: 6,655.8 millones de pesos (Con Línea 12 cerrada, pero con aumento de tarifa vigente)
- 2013: 6,635.8 millones de pesos (Con operación de la Línea 12)
- 2012: 4,464.5 millones de pesos (Aún no operaba la Línea 12)
- 2011: 4,184.4 millones de pesos
En 2019, el último registro prepandemia, los ingresos del Metro por concepto de venta de servicios fueron de 6,344.8 millones de pesos. Es decir, el Metro cerró el 2021 con apenas 60% de los ingresos reportados en 2019, el último registro previo a la emergencia sanitaria mundial y a dos de los accidentes más graves que ha tenido el STC en su historia.
Los ingresos de 2019 por venta de servicios fueron más bajos que lo registrado un año previo, cuando se reportaron 6,794 millones de pesos por este concepto. En 2017 se alcanzaron 6,805.5 millones de pesos por venta de servicios; en 2015 se alcanzaron 6,802.1 millones de pesos por ingresos por venta de servicios. En ese año se reabrió la Línea 12 del Metro luego de 18 meses de haber estado cerrada para mantenimiento correctivo.
En marzo de 2014 se cerró la Línea 12 del Metro para ser sometida a un programa de rehabilitación por incompatibilidad entre los trenes y los rieles, que ponía en riesgo a los usuarios. En aquel año la venta de servicios del STC fue de 6,655.8 millones de pesos, además, el costo del viaje había subido de 3 a 5 pesos en diciembre del año previo.
En 2013 los ingresos por ese concepto fueron de 6,635.8 millones de pesos, con operación plena de la Línea 12 durante todo el periodo. En 2012, con una tarifa menor y sin que todavía operara la Línea 12, los ingresos por venta de servicios del Metro alcanzaron los 4,464.5 millones de pesos y en 2011 fue de 4,184.4 millones de pesos, de manera que lo reportado al cierre de 2021 por venta de servicios significa la peor cifra en los últimos 10 años, en gran parte motivada por los accidentes sufridos por el STC en ese periodo, además de la pandemia.