Oaxaca. El Grupo Parlamentario del PRD propuso ante la máxima tribuna de Oaxaca y en voz de la diputada Ysabel Martina Herrera Molina, que se adicione la fracción XXVIII, recorriéndose la actual del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Lo anterior, para que cuente con la atribución de Convocar a la sociedad civil organizada, académicos y expertos para la construcción del Plan de Persecución Penal Estatal, el cual deberá ser público, en formato de datos abiertos y de fácil acceso para la población.
En su exposición de motivos, la legisladora del sol azteca dijo que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana, y por lo tanto del desarrollo humano.
Abundó que, una de las recomendaciones más recurrentes respecto a la situación de violencia e inseguridad, es la elaboración de Políticas Públicas de carácter preventivo, con fundamento en las causas de la violencia y los niveles de criminalidad.
“El objetivo en común es que las personas puedan vivir libres de amenazas generadas por la violencia, a la vez que el Estado demuestra las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos de la población”, indicó.
Herrera Molina precisó que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, la deficiente implementación del sistema penal ha contribuido a mantener importantes niveles de rezago en las procuradurías y fiscalías estatales, como en la Fiscalía General.
“Al carecer de una Política criminal y un Plan de Persecución Penal las capacidades institucionales se diluyen de caso en caso, al no priorizar su enfoque en los delitos complejos que más repercuten en la sociedad”, citó la legisladora en la máxima tribuna de Oaxaca.
Fue clara al señalar que, el Plan de Persecución Penal, tiene por objeto provocar un cambio radical en la legitimidad del Ministerio Público mexicano. Atajando que, es un mecanismo de construcción colectiva en el que se ven reflejadas las principales inquietudes y preocupaciones de las víctimas y la sociedad civil, sobre todo en lo que concierne a la desaparición forzada, el homicidio, el feminicidio, el asesinato de periodistas, la corrupción y el crimen organizado.
“Dado que históricamente la institución ha estado alejada de la sociedad y, en consecuencia, carece de legitimidad, el realizar el plan sin dar espacio a la participación ciudadana y a las autoridades legislativas reafirmaría la percepción social de una institución autoritaria y desconectada de la sociedad”, comentó.
Finalmente, consideró que, en México, el diseño y elaboración del Plan es un trabajo reciente al que el Estado, la Fiscalía General y la sociedad civil, se están avocando. Sin embargo hay experiencias internacionales en otros países como Chile, Colombia, Guatemala, entre otros; también en nuestro país existen ejercicios en los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Sonora, Quintana Roo, planes que son públicos, de fácil acceso y en formato de datos abiertos.