San Raymundo Jalpan, Oaxaca. Las y los diputados de la 65 Legislatura oaxaqueña exigen al Poder Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Contraloría Interna, vigilar actos y cobros ilegales, que supuestamente realiza el ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca a comerciantes y contribuyentes.
Dichos actos, constituyen afectaciones a los derechos humanos y a la economía familiar de la ciudadanía y van desde detenciones arbitrarias, arrastre de vehículos a depósitos ilegales no autorizados, actos y cobros que no están estipulados en la Ley de Ingresos Municipales de dicho municipio.
Al ser el ayuntamiento el nivel de gobierno más cercano a la población, su misión primordial es servir y salirse del marco legal genera autoritarismo, desorden y violencia.
En el caso de los comerciantes, existen quejas de cobros que no se encuentran en la Ley de Ingresos del año fiscal correspondiente, lo cual es también violatorio de sus derechos humanos.
Tampoco se puede impedir a ninguna persona que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo legal. El ejercicio de esta libertad podrá prohibirse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Con respecto a los automovilistas y motociclistas, no se les deben retener sus vehículos de forma arbitraria y llevarlos a un depósito ilegal no autorizado; se debe respetar su derecho a la movilidad, respetando la Constitución. Los cobros fuera de la ley y excesivos, también deben ser considerados.
Esta iniciativa fue presentada por la legisladora Lizett Arroyo Rodríguez y aprobada con 21 votos a favor, ante el Pleno.