San Raymundo Jalpan, Oaxaca. Con el objetivo de garantizar los derechos de libertad de expresión y prensa en la entidad; la diputada local por el Distrito XIII Oaxaca Sur, Lizett Arroyo presentó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Oaxaca, Alejandro Murat, para que a la brevedad implemente un protocolo de protección a periodistas que se ven amenazados en el ejercicio de su labor.
La Legisladora, destacó que es importante que, a través del Ejecutivo del Estado se instruya a las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que de manera conjunta implementen dicho protocolo, y con ello se garanticen los derechos de libertad de expresión y prensa en la entidad, ante el aumento de crímenes a este sector.
La propuesta detalla que, de acuerdo a la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, un ataque contra un periodista es “Un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia”.
En ese tenor, Liz Arroyo manifestó que la violencia contra periodistas es una constante, “los periodistas son objeto con frecuencia de amenazas de esa índole, de intimidación y de atentados a causa de sus actividades”.
Asimismo, alzó la voz para exigir que esos atentados sean objeto de una activa y puntual investigación, “sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una reparación adecuada a las víctimas o, cuando estas hayan perdido la vida, a sus representantes”, sentenció.
Agregó que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado, en lo referente al EJE III OAXACA SEGURO en el rubro Derechos Humanos, se establece la estrategia 1.4 como línea de acción, la conformación de un mecanismo interinstitucional para la protección y atención de periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo Oaxaca se encuentra dentro de los estados con mayor índice a nivel nacional con un número de 15 periodistas asesinados, en lo que va de la presente administración.
Finalmente, Liz Arroyo lamentó que el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo, al no otorgarse las garantías para su seguridad, encontrándose este sector vulnerable ante el riesgo de sufrir un atentado.