Oaxaca. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Maritza Scarlett Vásquez Guerra, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, esto para reformar los artículos 9 y 21, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Oaxaca, esto a favor de los adultos mayores en situación total de vulnerabilidad.
La legisladora expuso que, la mayoría de las personas que llegan a la etapa de la senectud, no se preparan para este momento de su vida, ya que con ella surgen cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, económicos, sociales que tienen al ir avanzando con la edad; aunado a estos cambios, los sistemas sanitarios tampoco están preparados para estos cambios por el aumento significativo del adulto mayor, y muy pocas familias cuentan con la posibilidad de afrontar los gastos ocasionados por el adulto mayor, además de no tener un espacio físico, psicológico, emocional.
Señaló que en México, el 16 por ciento de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato. De ellos, el 20 por ciento vive en soledad y olvidados, no sólo por el gobierno, también por sus familias, así lo señala Margarita Maass Moreno, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
En su exposición de motivos, aseveró que el 20 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Oaxaca, cuyos objetivo son: reconocer, proteger y garantizar los derechos de los hombres y mujeres mayores de sesenta años de edad, sin distinción alguna y en un marco de equidad, para su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural del Estado; además de que sea prioritario para el Gobierno del Estado diseñar e implementar en coordinación con los municipios, programas de prevención e información dirigidos a las personas que se encuentren próximas a alcanzar la edad de sesenta años.
Por lo anterior, Maritza Scarlett ha propuesto que, las personas adultas mayores que carezcan de familiares, o que se encuentran en situación de riesgo o desamparo, sean atendidas en las casas hogar o albergues dependientes de los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, ya que es el Estado y los Municipios, son los obligados a realizar asistencia social mediante acciones temporales o permanentes de las instituciones y/u organismos de asistencia pública o privada, encaminadas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social y personal que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral; así como a proporcionar manutención, albergue digno, atención médica integral, seguridad y protección, cuando carezcan de suficientes posibilidades para valerse por sí mismas, o bien sus familias se encuentren imposibilitadas física, material o económicamente para atender de forma adecuada sus situaciones o circunstancias personales y esto les coloque en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o mental.
Finalmente, la representante popular dijo que, para hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores se requieren acciones conjuntas de los sectores público, social, privado y sociedad civil, a efecto de evitar el olvido en que viven algunas personas al llegar a esa etapa de vida. Es necesario trabajar conjuntamente para promover el mejoramiento de su calidad de vida.